A juicio del presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo (Alep), Alejandro Terán Martínez, la propuesta de la congresista María Elvira Salazar de aprobar la Ley Bolívar de EEUU, que busca endurecer las sanciones contra Venezuela y bloquear aún más sus activos en el exterior. Terán califica esta iniciativa como «una ley irresponsable que atenta contra los derechos civiles de los empresarios» y adelanta que considera que el movimiento de la congresista Salazar «es el resultado de que sabe que Trump va a levantar las sanciones» contra la nación suramericana.
«Esta ley afecta no solo a Venezuela, sino también a empresas norteamericanas y europeas que tienen relaciones comerciales con el país (…) Nosotros, como asociación, estamos listos para demandar esta ley por inconstitucional si llega a ser aprobada», dijo Terán en una entrevista exclusiva a Sputnik.
El experto petrolero argumenta que esta legislación incluso va «contra el principio de libre comercio», pues a su juicio «No se puede calificar a un ciudadano como predelincuente por negociar con Venezuela». Además, Terán advierte que la aprobación de esta ley generaría un rechazo incluso dentro del sector energético estadounidense, incluyendo a gigantes como Chevron y ExxonMobil, que necesitan estabilizar sus operaciones en América Latina.
Impacto productivo y social: Venezuela ante una nueva oportunidad
Terán es optimista sobre las posibilidades de un acuerdo energético. «Con una inversión bien dirigida, Venezuela podría producir 6 millones de barriles diarios en cinco años. Además, un acuerdo permitiría resetear la infraestructura de PDVSA, garantizar la Reserva Estratégica Petrolera de Estados Unidos y equilibrar el mercado energético global», detalla.
El impacto también sería social, esto a juicio del experto sería posible un fondo de estabilización petrolera venezolana, conformado por los mismos operadores privados que se beneficien del acuerdo. Dicha iniciativa además incluye «mejorar la infraestructura eléctrica, logística y de servicios básicos, y crear una comitiva que garantice la sostenibilidad del proyecto».
«Con la capacidad instalada que tiene Venezuela de 4.900.000 barriles, nosotros podemos perfectamente recibir de la banca norteamericana y de los empresarios norteamericanos 30.000 millones de dólares. Con ese dinero bien administrados, evaluando el tema social importantísimo y reseteando la infraestructura de PDVSA, podemos estar el año que viene en 2 millones de barriles», comparte.
Para Terán, a pesar de los esfuerzos del lobby antivenezolano que continúa boicoteando cualquier posibilidad de entendimiento entre Washington y Caracas, existen unas condiciones propicias para una nueva etapa al menos en lo que refiere a la industria de petróleo y gas.
«El nuevo Gobierno de Trump, con un Chris Wright [nuevo secretario de Energía] en el poder, le va a dar al mercado energético norteamericano un equilibrio que necesita, porque el costo de producción de barril en Texas es de 45 dólares y el costo de producción en Venezuela es de 7. Entonces, tiene una diferencia de más de 30 dólares por barril, pero aparte de eso, a cuatro días estratégicamente colocados del golfo de México y con una infraestructura venezolana de pesa en el puerto de Galveston, que es capaz de cargar hasta 3 millones de dólares diarios de petróleo. Entonces, esa infraestructura, ese traje a la medida, como tú lo quieras llamar, fue elaborado exclusivamente para Texas. Desmontar eso son 10 años y casi 100 millones de dólares. No hay manera de hacerlo”, concluye.