El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, ordenó el relanzamiento de un proceso de licitación para la refinadora venezolana CITGO.
El 18 de diciembre, Stark determinó que la sala de datos de la empresa se abriera a posibles compradores. El «maestro especial» designado por el tribunal, Robert Pincus, encargado de supervisar la venta, propuso un período de licitación de tres meses. Luego ofrecería su recomendación al tribunal en abril de 2025 antes de una audiencia de venta final a mediados de 2025.
En octubre de 2022, Stark lanzó una subasta de acciones pertenecientes a PDV Holding (PDVH), la empresa matriz de CITGO, para satisfacer las reclamaciones de los acreedores contra Venezuela. La mayor parte de la deuda provenía de laudos arbitrales internacionales a favor de corporaciones que tenían activos nacionalizados por el Estado venezolano.
El tribunal reconoció 18 demandas por un total de 21.300 millones de dólares, y las empresas serán indemnizadas por orden de llegada. Crystallex (1.000 millones de dólares), Tidewater (80 millones de dólares), ConocoPhillips (1.300 millones de dólares) y OI Glass (700 millones de dólares) son las primeras de la lista.
El tribunal de Delaware decidió buscar nuevas ofertas tras la fuerte oposición a una propuesta ganadora elegida por Pincus. En septiembre, el perito especial eligió como ganadora de la subasta una oferta de 7.300 millones de dólares de Amber Energy, filial del fondo buitre Elliott Management. Sin embargo, los acreedores rechazaron tanto el importe de la oferta como los términos de venta, lo que obligó a reiniciar el proceso de licitación.
El nuevo procedimiento podría incluir una llamada “oferta de subasta” que fijaría un precio mínimo para CITGO. Por su parte, Amber afirmó que su acuerdo de compra ahora era “discutible”. Crystallex, Red Tree Investments y Gold Reserve han expresado en diferentes momentos su interés en presentar propuestas.
La venta de Citgo está siendo supervisada por Robert Pincus, un socio retirado de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom que ha obtenido el apoyo del banco de inversión Evercore.
El caso ha sido seguido de cerca por un gran número de litigantes que denuncian que el país sudamericano no ha pagado a Venezuela tras expropiaciones, impagos de deuda y otras irregularidades en las últimas décadas. Los demandantes están encabezados por Crystallex International Corp., una minera de oro canadiense que ganó un laudo de 1.400 millones de dólares contra Venezuela en 2016 a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.